A principios del siglo XXI, Estados Unidos impulsó el Tratado de Libre
Comercio (TLC), el cual tenía como objetivo la reducción de los aranceles
para minimizar el costo del paso de los productos provenientes de
Estados Unidos a la región, estimular la expansión y diversificación del
comercio en la región y facilitar la circulación fronteriza de mercancías
y servicios.
Sin embargo, a pesar de los beneficios que traería consigo el TLC, este
tenía consecuencias para las medianas y pequeñas empresas, que se verían
en desventaja ante las grandes compañías, en cuanto a los derechos
laborales.
Por ejemplo, los agricultores locales compiten en un mercado donde los
productos exportados de Estados Unidos son de mejor calidad y menor
precio, además obtienen subvención estatal y no pagan aranceles de exportación.
Cuando estos artículos entran a los países centroamericanos
son más baratos, y los agricultores locales lentamente van perdiendo espacio
en el mercado, hasta correr el riesgo de perder sus empresas y llegar
a la quiebra, dejando así personas desempleadas, generando más pobreza
y dañando las economías locales.
A pesar de esto, los países centroamericanos, a excepción de Costa Rica,
han firmado y ratificado el TLC con Estados Unidos, con la esperanza
de llevar desarrollo a la región y ofrecer más opciones de consumo de
productos de mayor calidad a bajos precios.
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