A partir de 1870, las economías centroamericanas se abrieron al mundo
con la exportación de productos agropecuarios que proveían a grandes
países como Inglaterra y Estados Unidos. A cambio se importaban manufacturas
para el uso interno de los países.
Para ser competitivos, los gobiernos tuvieron que reorganizar las políticas
regionales para adecuarse a las demandas del mercado mundial. Por
ejemplo, el Estado generaba las condiciones adecuadas para que los negocios
en el extrajero funcionaran y garantizaba la libre circulación de
bienes y capitales; favoreció, también, la expansión de la red de transporte
y las obras de infraestructura que facilitarían la explotación de nuevas tierras;
se estimuló la inmigración extranjera para obtener mayor inversión
de capital; y se organizó el sistema jurídico y monetario que favoreciera
la productividad.
Los Estados debían adquirir en el exterior prácticamente todos los productos
industriales que necesitaba la población. Las crecientes ganancias
provenientes de las exportaciones agropecuarias se consumían en su totalidad
en la compra de maquinaria, equipo, herramientas y bienes de
consumo. Se consolidó la concentración de la propiedad en pocas manos,
lo que se tradujo en dominio de un grupo social sobre el resto de la población,
limitando las condiciones para que los arrendatarios pudieran
transformarse en pequeños propietarios.
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