El Estado tiene la responsabilidad de establecer políticas de seguridad
ciudadana. Tales políticas deben garantizar que los medios institucionales,
judiciales y policiales defiendan con eficacia a la ciudadanía,
sin afectar el desarrollo político, la libertad y la justicia.
Para defender y cumplir los derechos humanos, el Estado debe procurar
la armonía social y conservar la tranquilidad del país. También
tiene que celebrar tratados y convenios internacionales, someterlos a
la ratificación de la Asamblea Legislativa y vigilar su cumplimiento.
Además, debe formular y ejecutar programas de desarrollo y bienestar
social que promuevan la participación ciudadana responsable en
la solución de problemas locales. El objetivo es que se fortalezca la
conciencia cívica y democrática de toda la población salvadoreña.
La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH)
es un órgano importante en la consolidación del proceso de paz salvadoreño.
Su papel es promover y proteger los derechos humanos y
afianzar la seguridad ciudadana. De hecho, los altos índices de criminalidad
común están afectando en gran medida dicha seguridad.
La PDDH también es un instrumento auxiliar de la justicia, esencial
para superar la impunidad y para garantizar los derechos humanos.
El respeto de ellos es la base de la paz y armonía social
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