El Estado de derecho en El Salvador y el mundo

 Como resultado de los Acuerdos de paz (16 de enero de 1992), se
impulsaron reformas constitucionales que renovaron el sistema de
justicia. Su fin era superar y garantizar la vigencia del Estado de derecho.

 El castillo de Chapultepec, en la capital mexicana, fue el escenario que permitió la reunión de ambas partes. 

El Congreso Legislativo aprobó reformas al sistema judicial:
1) Reorganización de la Corte Suprema de Justicia y establecimiento
de una nueva forma de elegir a las magistradas y los magistrados de
dicha Corte; 2) Asignación anual, al Órgano judicial, de una cuota
del presupuesto del Estado, igual o superior al seis por ciento de los
ingresos corrientes; 3) Creación de la Procuraduría para la Defensa
de los Derechos Humanos; 4) Establecimiento legal de una Escuela
de Capacitación Judicial. Entre las reformas, destacan los cambios en
el Código Penal y el Código Procesal Penal, que permitieron pasar
de un sistema indagatorio a uno acusatorio.

Por lo tanto, los ciudadanos y las ciudadanas están obligados a respetar
el sistema legal. Ahora bien, las gobernantes y los gobernantes
tienen aún más responsabilidad. El incumplimiento de las leyes relativas
a la competencia y aplicación de su cargo constituye un desacato
o desobediencia a la ley. Ello se sanciona hasta con responsabilidad
personal en los tribunales.

Cuando se fortalece el Estado de derecho en un país, también se fortalece
la institucionalidad de la República. Ello implica crecimiento
democrático, pues se fomenta la credibilidad en el sistema estatal y
en sus gobernantes.